11-02-2015

Si hubo torturas, debe bajar la condena

Esta es una de las reformas que pasó inadvertida en el debate del Anteproyecto del Código Penal de la Nación el año pasado. Con el fin de reglamentar los castigos y abusos ilícitos que tienen lugar dentro del ámbito carcelario y evitar la doble punición, se estableció que los presos que sufran de torturas o vejaciones podrán ver reducido el tiempo de su condena. Un nuevo marco donde lo prohibido existe y compensa la pena legal.
Imagen ilustrativa

El artículo 19, inciso 3, apartado c, del aún debatido Anteproyecto del Código Penal de la Nación propone un cambio significativo en la forma en que la justicia atiende los abusos a los derechos humanos dentro de las unidades penitenciarias.

La Constitución de 1853 dispone que las cárceles deben ser para seguridad y no para castigo, pero las deficiencias de seguridad son frecuentes y los abusos son cada vez más naturalizados, tanto por los agentes del Estado que los encubren como por los reos que miden los costos de denunciarlos.

Hoy en día los pocos crímenes que consiguen llegar a los tribunales son imputados al Estado pero su condena no trae reparación alguna sobre el recluso torturado, vejado o lesionado.

 De este modo se configura lo que jurídicamente se conoce como “doble punición”, la cual tiene lugar cuando al castigo legal impuesto por la justicia, se le suma un castigo ilícito impuesto por los agentes del sistema penitenciario. Para poner fin a esta situación antijurídica, los redactores del Anteproyecto propusieron facultar a los jueces para que dispongan una “prudente disminución de la pena” a modo de compensación.

Bajo este marco, los abusos a los que fueren sometidos los presos “deben ser considerados como parte de la pena que se imponga, es decir, como pena ya sufrida.”  En términos simples, los daños infligidos deben ser compensados en tiempo mensurable de la pena.

Los magistrados podrán reducir las penas por debajo del mínimo previsto “cuando el agente hubiere sido objeto de tortura, tormento o vejaciones por acciones u omisiones de funcionarios encargados de su detención, cuidado o transporte, o hubiere sufrido un grave daño en su salud por la inseguridad de los lugares de detención o los medios de transporte”, dice el artículo. De este modo, los juristas contemplaron la amplia gama de modalidades que pueden constituir un abuso. Abarcando desde la violencia física, hasta los daños producidos por omisiones del servicio penitenciario, como malas condiciones de higiene o falta de alimentación adecuada.

En el capítulo de “Exposición de motivos” los autores explican que la compensación en materia penal no es una novedad.  Existen en el propio Código Penal vigente institutos donde se prevé la compensación -por ejemplo en los casos de injurias recíprocas- y además, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha hecho eco de este criterio en sus fallos.

Las dificultades que puedan enfrentar los jueces a la hora de traducir las lesiones o el dolor sufrido a una medida de la pena legal, serán resueltas por medio de la jurisprudencia, pero nunca un obstáculo podrá resolverse mediante su negación como muchas veces se pretende con lógica aberrante, señalan quienes redactaron el anteproyecto.

Asimismo, y previendo posibles suspicacias, sostuvieron que la nueva normativa no será desvirtuada a merced de las simulaciones. “El riesgo de simulaciones de torturas o semejantes (…) no constituye una novedad en la realidad penal, pues se intenta con mucha frecuencia con la ley vigente, pero nunca ha confundido a los jueces. Los casos registrados, lamentablemente, indican lo contrario a esa confusión esgrimida como obstáculo, pues por lo general se tiende a minimizar las denuncias”, explicaron.

Esta temática ha sido también objeto de análisis del abogado Pablo Vacani, doctor en derecho penal especializado en criminología. “Una pena aplicada mediante torturas u otros tratos arbitrarios es una pena ilícita cuya consecuencia jurídica exige ser reglamentada por la norma penal para evitar la equiparación con la pena lícita, sobre todo con la medida de restricción temporal de libertad ambulatoria”,  dijo en su artículo La reglamentación legal de la prohibición constitucional de penas ilícitas en el Anteproyecto del Código Penal [ver]. 

Para el abogado, la reforma que introduce el Anteproyecto del Código Penal  permite regular un alcance preciso de la legalidad sin cuantificar un castigo menos gravoso del que corresponde, contemplando además el derecho a obtener condiciones carcelarias dignas.

Antecedentes en la justicia

Vacani expone algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en línea con esta doctrina, con el fundamento que los principios legales que regulan una pena proporcionada, se alteran en forma perjudicial para el condenado mediante dobles puniciones.

En el fallo “Gramajo” de septiembre de2006,  los jueces explicarían que “la pena y cualquier otra consecuencia jurídico penal del delito no puede ser cruel, en el sentido que no debe ser desproporcionada respecto del contenido injusto del hecho. Toda medida penal que se traduzca en una privación de derechos debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho o sea con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho”.

Algunos años más tarde, en los autos “Germano, Karina Dana s/ Causa n° 12.792” la Corte afirmó que “una pena que se ejecuta de modo diferente se convierte en una pena distinta y, por ende, en caso de ser más gravosa su ejecución resulta una modificación de la pena impuesta en perjuicio del condenado”, destaca el abogado.

Asimismo, en un caso la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires consideró que le asistía razón a una persona que solicitaba que se valore como atenuante a su pena las enfermedades de tuberculosis y neumonía que contrajo la cárcel, “toda vez que es responsabilidad del Estado la protección de la integridad física y no puede el mismo beneficiarse con una doble punición”.

Para ser legal, debe ser proporcionada

La proporcionalidad ha sido desde la antigüedad el fundamento central de la pena. La magnitud de esta, medida en tiempo, debe ser siempre proporcional al daño cometido. Sin embargo, Vacani cuestiona el criterio de “cuantificación penal”  tradicional por dejar fuera de toda consideración el “modo y calidad del castigo”. Esta proporcionalidad, se viene abajo frente a un sistema carcelario que no opera conforme a la legalidad de las penas, dice el autor.

En este sentido, no se trata de una reparación, sino de imponer una pena que, para ser legal, debe ser proporcionada”. Su premisa parte de que la medición abstracta de la pena debe adecuarse a la contingencia de poder penitenciario que frecuentemente distorsiona esa legalidad. La proporcionalidad es un valor que debe expresar la cuantificación  en relación a la ofensa del delito pero también al contenido del trato aplicado en el encierro carcelario. No es esto lo que ocurre actualmente en la justicia penal, a pesar de la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Todos sabemos que la cárcel mata, deteriora, enferma y lesiona gravemente mientras que la práctica jurídica continúa en el cálculo, negando la indagación existenciaria del sujeto, y, juntamente con ello, permitiendo alejar de la práctica jurídica toda percepción sobre las prácticas punitivas. (…) Hoy, ante la profundización de un sistema penal compatible con el derecho internacional de los derechos humanos, esa negación debe ser superada”, concluye el documento.