13-02-2015

Revocan la cautelar que impedía instalar una sede del Mercado Central en Colegiales

El juez Pablo Mántaras, del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 3, revocó la medida cautelar que impedía la instalación de una sede del Mercado Central en el barrio de Colegiales. La medida había sido otorgada para preservar derechos en base a una posible legislación futura. El juez entendió que no se podían tutelar derechos hipotéticos; y que debían preservarse los derechos de los vecinos como consumidores. El contexto del litigio.
Imagen ilustrativa

El 28 de enero de 2015, el Juzgado en lo Contencioso  Administrativo y Tributario N° 3, a cargo del juez Pablo Mántaras revocó la medida cautelar otorgada el 6 de enero, por la jueza porteña Andrea Danas, a cargo del juzgado de feria N° 2 del mismo fuero de la Ciudad, en la que ordenaba al porteño a abstenerse de otorgar el certificado de aptitud ambiental y la habilitación a la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, para la construcción de una sede en un predio en el barrio de Colegiales.

La jueza fundamentó su decisión, en que se estaban tratando proyectos en la Legislatura porteña que proponían desafectar ese predio como espacio de urbanización para convertirlo en una plaza. Si la construcción de la sede del Mercado Central continuaba y el proyecto legislativo se aprobaba, se generarían daños que mejor evitar, concluyó la jueza de turno.

De este modo, la medida cautelar se mantendría “hasta que finalice el tratamiento, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de los proyectos de ley  (…) que obtuvieron aprobación inicial (primera lectura) en la sesión ordinaria de la Legislatura de la Ciudad  en fecha 11 de diciembre de 2014” .

 “(…)Es cierto que, de acuerdo con las constancias agregadas a la causa, aún no se ha completado el procedimiento de doble lectura -normado por los artículos 89 y 90 de la CCABA-. Sin embargo, ello no impide adoptar una medida que preserve el predio”, resolvió Andrea Danas [ver]. 

El juez Mántaras, entendió que no podían invocarse derechos hipotéticos en base a proyectos legislativos en trámite aún no aprobados. Además señaló que el abogado que solicitó la cautelar, ya había presentado una solicitud con idéntico contenido apenas un mes antes, y fue rechazada.

En su revocatoria el magistrado consideró que tratándose de proyectos que requieren un procedimiento de doble lectura para su sanción, “la aprobación inicial por la Legislatura no puede ser entendida como una manifestación concreta de una voluntad legislativa clara y unívoca que permita sustentar la eventual existencia de un derecho tutelable judicialmente, en detrimento de otros derechos ciertos, concretos y determinables”.

Si el simple inicio o el transcurso del trámite parlamentario de un proyecto de ley pudiese ser invocado como fuente de derechos hipotéticos, conjeturales o futuros, ello podría conducir a una alteración (o incluso a la subversión) del principio de legalidad y del sistema de fuentes previsto en nuestro ordenamiento constitucional, dijo.

En consecuencia -concluyó- la medida impugnada, en su afán de proteger los hipotéticos derechos de los accionantes (que no son identificados clara y concretamente en su presentación) que pudieran originarse en la eventual sanción de una ley de rezonificación, podría estar afectando de manera actual y concreta diversos derechos del grupo de vecinos que se han presentado  en su carácter de consumidores, al no permitírseles acceder a la comercialización de productos alimenticios a precios subsidiados, dice el fallo.

Respecto a la posible afectación de la identidad barrial, el juez sostuvo que “no se ha hecho ningún esfuerzo en la demanda en precisar en qué consistiría dicha identidad, ni en qué medida estas condiciones gozarían de protección jurisdiccional, y que se ha puesto de manifiesto que, entre los vecinos de la zona en la que se prevé la instalación del mercado en cuestión, no existe una opinión unánime en sentido desfavorable a tal proyecto”. Incluso advirtió que “existen vecinos que se encuentran claramente a favor del funcionamiento del referido centro comercial, y consideran que la paralización de ese proyecto afectaría sus derechos como consumidores, en tanto la instalación de ese mercado, enmarcada dentro del programa Red Federal de Comercios de Proximidad implementado por la Secretaría de Comercio de la Nación, tendría por finalidad facilitar el tráfico de productos hasta el consumidor con menor intermediación y, de ese modo, reducir los precios de comercialización y garantizar la provisión regular e ininterrumpida de los productos alimenticios” [ver fallo].

Intereses en pugna

En el ámbito de la Secretaría de Comercio se lanzó la “Red Comprar” para diversificar los canales de comercialización de productos de consumo masivo, creando lugares de venta directa al público,  reduciendo los costos de intermediación y ofreciendo un menor costo final. El objetivo es establecer algún tipo de competencia frente a la política de precios de las grandes cadenas de supermercados, cuyas diferencias son más que considerables.

Según el economista Roberto Navarro, mientras que el corte de carne “paleta” había aumentado un 35% en los supermercados, en el Mercado Central solo un 3%; la banana un 45% contra un 0%; la cebolla 160% contra 7%; etc. Esta divergencia se había traducido en un aumento de las ganancias de Disco, Coto y Carrefour en un 127%, 154% y 166%, respectivamente [ver]. 

Para contrarrestar tal práctica abusiva hacia los consumidores, la Secretaría de Comercio se propuso instalar una sede del Mercado Central en Cramer al 400, en un predio lindante a las vías del Ferrocarril Mitre. El proyecto generó polémica en el barrio y dividió a los vecinos a favor y en contra. Desde las monjas del Monasterio Carmelitas Descalzas que se movilizaron recolectando firmas para frenar el avance del proyecto, hasta el grupo de Facebook “No al Mercado Central con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio, todos tuvieron algo que decir. Claro que estos últimos fueron los que organizaron presentaciones de recursos de amparo y más fuertemente respaldaron las sucesivas clausuras de las que fue objeto la obra en el lugar.

Por el contrario, el grupo “Si al Mercado Central de Colegiales”, defiende la construcción de la sede como una forma de hacer valer el derecho de los vecinos como consumidores en beneficio de su economía familiar.