03-12-2014

Rechazan aplicar indiscriminadamente el fallo “Badaro”

La Cámara Federal de Seguridad Social confirmó el rechazo de las medidas cautelares solicitadas para que se actualicen los haberes jubilatorios en aplicación del precedente “Badaro”. Los jueces dijeron que la vía cautelar solamente será aceptada en los casos excepcionales y de grave riesgo. Una posible tangente para sortear los peligros de insolvencia en la generalización del fallo de la Corte Suprema.

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, integrada por los jueces Juan Lafuente, Martin Laclau y Néstor Fasciolo, ratificó lo decidido por el juez de primera instancia y rechazó el otorgamiento de una medida cautelar que implique reajustes de haberes jubilatorios en los términos del fallo “Badaro”, dictado por la Corte Suprema de la Nación. Lo hizo en el marco de la causa "Rodriguez, Beatriz Mariana c/ ANSES s/Incidente", donde la accionante había solicitado una medida innovativa a fin de que se le actualicen los haberes jubilatorios “hasta tanto se le abone la retroactividad adeudada”.

En este mismo sentido falló también, unos pocos días después, la Sala I de la Cámara en los autos “Marmo Raquel Amelia c/ ANSES s/ Incidente”. En esta causa los jueces Bernabé Chirinos, Victoria Pérez Tognola y Lilia Maffei de Borghi, rechazaron la cautelar requerida por otra jubilada que había presentado un idéntico reclamo.

En ambos casos se señaló la necesidad de adoptar un criterio restrictivo. Teniendo en cuenta que una medida cautelar es una herramienta de carácter excepcional, debe configurarse una situación de “grave riesgo para sí o para su grupo familiar”, propicia a producir un “daño irreparable”.

Además, los magistrados consideraron que de admitirse la medida pretendida ello constituiría una suerte de prejuzgamiento, ya que se configuraría un anticipo de jurisdicción favorable respecto de la sentencia definitiva.

En el fallo “Badaro”, la Corte ordenó un reajuste de los haberes jubilatorios del 88.6% en favor de un jubilado que había presentado una demanda contra el Estado. Los jueces evaluaron la situación patrimonial de la persona en cuestión y determinaron que existía una lesión que le impedía llevar adelante una “existencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron durante toda su vida” [ver fallo].

El máximo tribunal reafirmó las facultades del Congreso de la Nación para establecer mediante la ley anual de presupuesto los incrementos en los haberes jubilatorios, dejando lugar a la posibilidad de declarar inconstitucional dicha normativa en los casos donde se demostrare la existencia de una lesión concreta ocasionada a los jubilados.

Ya no son los tiempos de Badaro

En la causa Marmo, la Sala I resolvió desestimar la medida porque no se veía configurado el “recaudo de irreparabilidad del perjuicio”, propio del tipo de medidas solicitadas. Más aún si se observa que durante la tramitación del proceso la actora no está desprovista de cobertura previsional, dice el fallo.

De modo similar, en la causa iniciada por Rodríguez,  la Sala III entendió que no se constataban elementos de juicio que puedan llevar a afirmar la existencia de una situación en la que sus derechos se vean lesionados de forma irreparable, según el espíritu del fallo “Badaro”.

En su voto, el camarista Lafuente destacó además que el Poder Judicial no debería invadir la esfera propia de los otros poderes del Estado estableciendo criterios que “pueden tener incidencia negativa en las previsiones presupuestarias”. Sostuvo que “ensanchar el obrar jurisprudencial por medio de cautelares en materia de haberes” no puede hacerse sin “extender la actividad de los magistrados judiciales más allá de lo previsto por el legislador”.

A diferencia de lo ocurrido en  el caso “Badaro”, hoy en día el Congreso Nacional  ha adoptado un sistema de actualización de haberes al dictar la ley de movilidad previsional, cuya constitucionalidad es en este caso cuestionada. Para sostener esto último, Lafuente cita los criterios fijados por la Corte en el precedente en cuestión. “Al Poder Judicial no le compete juzgar sobre la oportunidad, el criterio o la bondad de las leyes siendo el poder político al que le corresponde evaluar la necesidad de introducir las modificaciones pertinentes, ponderando la situación, a la luz de la información acopiada y dentro de los marcos constitucionales, único aspecto este último sobre el cual deben pronunciarse los jueces”, dice el fallo.

Un millón es demasiado

Ya en el 2012, frente a una demanda del defensor del Pueblo de la Nación, el titular del ANSES Diego Bossio había expuesto ante la Corte Suprema los peligros para la solvencia del organismo, que implicaba extender los alcances del fallo Badaro a todos los jubilados en igual condición. En aquel momento el reajuste jubilatorio se calculaba que afectaría alrededor de 1,2 millones, distribuidos en 257,415 causas. El problema, no era que no había recursos para enfrenar los juicios en marcha, si no que, como sostuvieron fuentes oficiales “lo que no hay son recursos para generalizar Badaro y Eliff a más de un millón de personas”. Ello implicaría un gasto que iría consumiendo los fondos disponibles para el pago de jubilaciones, lo que a la vez significaría quedarse en poco tiempo sin respaldo  [ver]. Sin embargo, los recientes fallos de la Cámara de la Seguridad Social sintonizan con la intención de evitar una situación semejante.