09-12-2014

Perspectivas de género en los tribunales

A pesar de los avances que se han logrado en políticas de género y diversidad sexual en los últimos años, algunos de estos cambios parecen nunca llegar a los tribunales de justicia. El caso del sumariado fiscal Cesar Troncoso, se enmarca en un sistema donde varios jueces y fiscales continúan investigando en base a prejuicios y estereotipos sociales.

Por Fernando Vázquez

Durante los últimos años la Argentina ha avanzado a pasos agigantados hacia un escenario social más inclusivo e igualitario convirtiéndose en un verdadero referente no solo regional sino a nivel internacional.

En este contexto, es válido recordar que la sanción de la ley de matrimonio igualitario convirtió al país en el primero de Latinoamérica en equiparar jurídicamente a las parejas homosexuales a las heterosexuales. Asimismo, la ley de identidad de género sancionada en el año 2012 es única en el mundo al permitir a las personas trans realizar el cambio registral de su nombre y someterse a procesos quirúrgicos de reasignación de sexo sin patologizarlas ni tampoco requerir autorización judicial, como otras legislaciones comparadas.

En relación a la violencia de género, la Argentina ha asumido diversos compromisos internacionales para adecuar políticas públicas a fin de erradicar esa forma de violencia adaptando mecanismos jurídicos que permitan un fácil acceso a la justicia por parte de las víctimas y, también, modificaciones legislativas que permitieron incorporar agravantes específicos para estos casos. Ejemplos como la oficina de violencia doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia o el Programa de Género creado por la actual Procuradora General de la Nación, son pruebas de ello.

Sin embargo, más allá de los avances legislativos - muchas veces fueron impulsados por el poder ejecutivo- la mayor resistencia se ha generado en el poder judicial, el cual pareciera insistir en mantener estructuras vetustas y arcaicas de poder para poner en marcha su maquinaria con el fin de frenar tales avances.

Ejemplos sobran, pero entre los más significativos se encuentra la jueza civil Martha Gómez Alsina quien será recordada como aquella jueza que anuló el primer matrimonio igualitario, pese a que el mismo se encontraba autorizado con sentencia firme de un juez de un fuero diferente, quien hizo lugar a un amparo iniciado antes de la sanción de la ley. O el juez civil Miguel Güiraldes quien, previo a la sanción de la ley de identidad de género, rechazó la autorización de una mujer trans para la intervención quirúrgica de reasignación de sexo con asombrosos argumentos tales como: "Con sólo pensar en ello, digo, cualquiera siente un escalofrío por lo espeluznante que implica el transitar un camino sin retorno hacia la enajenación de sí mismo. Y no es posible modificar lo inmodificable", dice el fallo.

Recientemente, el fiscal Augusto Cesar Troncoso denunció al Programa de Género de la Procuración General de la Nación alegando que el mismo había ingresado a información de su computadora laboral a fin de tomar contacto con los dictámenes de su autoría.

Lo curioso no es solamente el fundamento de la denuncia sino que todo ello se fundó en el proceso disciplinario al que se encuentra sometido el fiscal por haber postulado el sobreseimiento en varias causas cuyos hechos denunciados se encontraban contextualizados en episodios de violencia doméstica sin escuchar a las víctimas. El caso más sorprendente es aquel por el cual fue denunciado por el Ministerio de Seguridad al postular el sobreseimiento de funcionarios de la policía federal que estaban acusados de violar y explotar sexualmente a niñas de entre 13 y 15 años, las cuales, como producto de tales abusos, quedaron embarazadas.

En sus fundamentos, el fiscal Troncoso desestimó la denuncia por considerar que como las víctimas vivían en un barrio de emergencia, el abuso y la explotación sexual involucraban una cuestión social pretendiéndose que la justicia resolviera una situación de carencia. Con tales justificativos, rechazó recibirles declaración a las víctimas e iniciar una investigación. El fiscal fue apartado y actualmente la causa se encuentra elevada a juicio.

Es interesante analizar no solamente la visión patriarcal de quien tiene a su cargo representar los intereses de la sociedad, sino también su tinte moralista mediante el cual solamente un grupo social podría ser sujeto pasivo de delitos sexuales afirmando que quienes pertenecen a los sectores más humildes carecen de dicha “virtud”.

Desde ya este no es un criterio novedoso pues, antes de la sanción de la ley 25.087 del año 1999, los delitos sexuales en el código penal tutelaban la “honestidad” la cual, por ejemplo en el delito de estupro, se perdía cuando la víctima mujer tenía experiencia sexual previa ya que lo “honesto” se vinculaba con el resguardo de una virtud, que no era ni más ni menos que permanecer virgen hasta el matrimonio. De allí, una antigua discusión académica sobre si las trabajadoras sexuales podían ser víctimas de violación o no.

En el libro “El delito de corrupción de menores”, recientemente publicado por la editorial Ad Hoc, Javier T. Álvarez efectúa un recorrido por la doctrina y jurisprudencia tradicional de nuestro país y en el derecho comparado, llegando a la conclusión de que a través del referido delito, la mayoría de los operadores judiciales no protegen a los niños, niñas y adolescentes expuestos a situaciones de abuso sino que intentan amparar una moralidad sexual correcta que se traduce en relaciones heterosexuales comprometidas.

La actuación del Fiscal Augusto Cesar Troncoso se enmarca en este tradicional horizonte en donde solamente pueden ser víctimas de delitos tan graves como los sexuales aquellos que pertenecen a un selecto grupo de personas, en su mayoría heterosexuales de niveles económicos medios y altos, olvidando que las condiciones morales, culturales, éticas, o psicológicas de una persona no implican que puedan o no ser víctimas de un delito, pues lo que se protege es su derecho a disponer de su actividad sexual libremente como lo deseen.

De esta manera, el fiscal denunciado no es más que otra prueba de los profundos cambios que requiere el sistema judicial argentino para colocarse a los estándares que la sociedad reclama. El nuevo sistema procesal acusatorio que se avecina requiere una profunda sensibilidad de los operadores con las víctimas quienes tendrán un rol activo en el proceso.

Por ello, no sorprende que la estrategia defensista del cuestionado fiscal no sea otra que la  de atacar justamente al Programa de Género, pues no hay peor defensa que querer silenciar a las víctimas.