12-12-2014

No hay peor justicia que la sin-justicia

La Cámara de Rafaela declaró prescripta la causa por la tragedia de Ecos y sobreseyó al único imputado. La causa se retrasó años a raíz de errores cometidos por el juzgado. Entre el dolor y la indignación, los familiares de los accidentados culpan a un sistema de justicia donde las víctimas no son escuchadas ni tienen posibilidad de intervenir en el proceso. Debates que resuenan tras la reforma del Código Procesal Penal.

“La Cámara de Rafaela declaró la prescripción de la Causa Ecos. Indignación, asco y tristeza por la justicia burocrática, inservible y corrupta”, anunció Sergio Levin, padre de Lucas Levin, a través de su Twitter.

Luego de ocho años de litigio, durante los cuales los familiares se organizaron para reclamar justicia, impulsando actos de concientización y promoviendo proyectos para mejorar la seguridad vial, la Cámara solicitó el archivo de la causa que se inició a raíz del choque que tuvo lugar el 8 de octubre del 2006 entre un colectivo estudiantil y un camión. El fiscal había pedido que la causa no se extinga fundándose en jurisprudencia de la Corte Suprema, pero no fue tenido en cuenta.

El episodio, recordado como la tragedia de Ecos, sucedió mientras los alumnos de ese colegio regresaban a Buenos Aires tras una visita a la escuelita de El Paraisal, ubicada en Chaco, actividad que se realizaba desde 1994. Los vehículos transitaban por la ruta 11, al norte de la provincia de Santa Fe, cuando el micro que trasladaba a los jóvenes, docentes, y directivos del colegio chocó frontalmente contra un camión manejado por un conductor alcoholizado. Por el impacto murieron nueve adolescentes, una docente, el chofer del camión y uno de sus acompañantes.

La causa tuvo tres sentencias de primera instancia diferentes. Al principio, el juez correccional de Reconquista, Jorge Galbusera, absolvió al chofer Oscar Eduardo Atamañuk, pero la decisión fue revocada por la Cámara de Rafaela. Entonces el expediente pasó a manos de otro juzgado.

En 2011, el juez Virgilio Palud dictó una condena de tres años de prisión y siete años de inhabilitación para conducir, pero la sentencia fue anulada al advertirse que el magistrado se había “olvidado” de tomar declaración indagatoria al imputado.  La omisión de Palud implicaba una seria violación al derecho básico de defensa que tiene un imputado sometido a juicio, por lo que la Cámara tuvo que declarar nula la sentencia. Así, seis años después, por un error judicial, la causa volvía a la nada.  Llegado este punto, el abogado del chofer del micro pidió la prescripción del caso, pero la Cámara se lo negó.

Hubo que esperar dos años más para que otro juez dictara sentencia. En julio del 2013, el juez de Reconquista Jorge Fernández, condenó a Atamañuk por el delito de "homicidio y lesiones culposas en concurso ideal" a dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación durante cinco años.

En junio de este año los familiares habían denunciado un nuevo retraso. La causa estuvo frenada por varios meses al ordenar la Cámara de Apelaciones de Rafaela que el expediente retorne al juez por un detalle formal. “Es una zona limbo, un espacio ambulatorio sin ley donde los expedientes van y vienen en un devenir eterno, mientras los fantasmas de las víctimas y sus familiares son una especie de cautivos a la espera de algún milagro salvador que nunca llega”, dijeron en ese momento los padres en un comunicado.

Entonces el abogado de Atamañuk volvió a solicitar la prescripción de la acción penal, y esta vez, la Cámara lo aceptó. Las costas fueron fijadas en partes iguales entre los actores y el demandado.

Para los familiares de las víctimas, el chofer del micro había actuado con negligencia porque iba a una velocidad superior a la debida y la maniobra que hizo para evadir al camión habría sido equivocada.

El expediente de Ecos tramita en la justicia provincial santafesina, que hasta hace un par de años tenía un sistema completamente inquisitivo y escrito. La reforma acusatoria del Código Procesal Penal de Santa Fe se llevó a cabo en el año 2007, luego de iniciada la causa, por lo ésta siguió su curso bajo las viejas reglas de la lentitud, la burocracia y el secretismo.

En este contexto, los familiares no pudieron constituirse como querellantes ni tener intervención alguna durante el proceso de investigación. “No se puede querellar ni apelar. El único que apela es el fiscal y el juez es un rey al que nadie le reclama absolutamente nada", dijo Levin.

La causa Ecos en clave acusatoria

Tanto el Código Procesal Penal reformado de Santa Fe como el Código Procesal Penal Nacional recientemente sancionado proponen un sistema de justicia oral, ágil y transparente, donde las víctimas asumen un rol central.

Un sistema de corte acusatorio, no sólo agiliza los plazos y elimina los formalismos del sistema escrito, sino que incorpora nuevas herramientas para que la querella y el Ministerio Público Fiscal puedan intervenir en el proceso.

En un escenario de esta clase, en el caso de que juez decidiera dormir el expediente, los familiares podrían haber requerido medidas para activar el proceso. Entre otras de sus facultades, las víctimas tendrían derecho a obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación, así como a obtener la revisión de la desestimación de la denuncia o su archivo, y a reclamar por demora o ineficiencia en la investigación ante el superior inmediato del Fiscal de Distrito.

El Código Nacional amplía aún más esos derechos, postulando que las víctimas además pueden  examinar documentos y actuaciones, aportar información durante la investigación y ser escuchadas antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, toda vez que lo solicite.

Otra novedad que incorpora el acusatorio es la “conversión de la acción”, figura que permite a la víctima convertir una acción púbica dirigida por el fiscal a una acción privada donde el querellante toma la conducción del procedimiento.

Pero en cambio, la causa Ecos se rigió por un proceso judicial escrito, secreto y lento. Los familiares no participaron del proceso, no vieron al juez, ni el juez los vio a ellos. Y luego de ocho años de expectativa, la causa fue declarada prescripta por las demoras y los errores cometidos por esa misma Justicia que la sepultó.