12-01-2015

Más de 80 fiscales firmaron una solicitada en apoyo a Gils Carbó

Más de ochenta fiscales de todo el país firmaron un documento en respaldo a los dieciséis nombramientos que dispuso la Procuradora General Alejandra Gils Carbó en concordancia con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Los fiscales respondieron a las críticas y apuntaron contra “la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población mediante la lucha contra la impunidad”.

“Los y las fiscales y funcionarios que suscribimos este documento nos manifestamos frente a las versiones que circularon en los últimos días y que cuestionan decisiones tomadas por la Procuración General de la Nación en ejercicio de sus facultades constitucionales. Nos proponemos responder a las expresiones que se han hecho públicas recientemente a través de distintos comunicados difundidos por grupos que se arrogan una representación plural, cuando sólo enuncian intereses particulares de algunos de sus miembros” enuncia el comunicado firmado por más de 80 fiscales y cientos de funcionarios de todas las jurisdicciones del país. En contexto de plena feria judicial y con la mayoría ausentes, las adhesiones siguen llegando mientras se corre la voz de la noticia. 

La solicitada titulada “Fiscales de cara a la sociedad” surge en respuesta a las denuncias y críticas vertidas en las últimas semanas contra las dieciséis designaciones dispuestas por la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. La medida fue dictada para llenar las vacantes de las nuevas fiscalías creadas por el Anexo II del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Rápidamente se convirtió en el blanco de las críticas de algunos partidos de la oposición, que el viernes pasado lograron frenarla a través de una medida precautelar otorgada por el juez de turno, Enrique Lavié Pico.

“La designación de fiscales subrogantes, cumple -como siempre ha sido desde el retorno de la democracia-, la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos, con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad. Sin estas designaciones, el resultado sería la impunidad, porque sólo los fiscales pueden instar los procesos penales”. Además de respaldar los nombramientos, los firmantes manifestaron su apoyo a otras de las políticas implementadas por la gestión de Gils Carbó, como la creación de Procuradurías especializadas en la investigación de delitos complejos. 

Fueron sin embargo los comunicados emitidos por la Lista Bordó que conduce la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales (AFFUN) los que despertaron mayor incomodidad entre fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. “Muchos de los firmantes formamos parte de esas organizaciones pero no hemos sido consultados sobre el contenido de sus comunicados, de los cuales pretendemos diferenciarnos” dice el documento.

Con el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos y del Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema, estos grupos se empeñaron en demostrar a través de sus publicaciones que había un rechazo generalizado hacia Gils Carbó en la justicia. Lo cierto es que el comunicado emitido por la AFFUN fue firmado solamente por cuatro fiscales. Los fiscales Donoso Castex, Susana Pernas, Ricardo Toranzo y Marcelo Munilla Lacasa, autoprocalamados voceros de “la Justicia”, no se molestaron en consultar o informar previamente al resto de los fiscales y miembros de la asociación sobre su contenido. Otro de los principales reclamos enlazados por los directivos de la AFFUN es la implementación del ingreso democrático e igualitario que eliminó los nombramientos a dedo. En su comunicado aprovecharon para quejarse una vez más de que “ya no pueden elegir sus colaboradores entre gente de su confianza”.

Respecto a la avalancha de denuncias que recayeron sobre la Procuradora, los fiscales y funcionarios las calificaron “carentes de todo fundamento” y  explicaron que forman parte de una “campaña de criminalización de la gestión del Ministerio Público”.  La polémica desatada entorno a los nombramientos “revela, una vez más, la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población mediante la lucha contra la impunidad en el marco de un estado constitucional de derecho” concluye la solicitada. [leer solicitada]

En el reino del revés

La estrategia favorita para buscar apoyo en la embestida contra el sistema acusatorio es la engañosa argumentación de que estos cambios tienen el objetivo de asegurar la impunidad en casos de corrupción. Basta con una mirada a los derroteros de aquellos que enarbolan esta consigna para desarmar ese razonamiento. “Muchas de las asociaciones de funcionarios que no a todos nos representan, hacen falso eje para sus críticas en una retórica basada en la preocupación por la impunidad de los funcionarios políticos, cuando está acreditado que mediante sus intervenciones personales como magistrados no han logrado condenar a ningún "corrupto", sino antes bien arribaron a extensísimos procesos que culminaron en vergonzosas prescripciones o absoluciones” explicó el fiscal Adrián García Lois en el diario Tiempo Argentino.

García Lois lleva más de 30 años desempeñándose en la justicia y se encuentra entre los firmantes de la solicitada. “La mayoría de los magistrados del Poder Judicial y los Ministerios Públicos que hoy levantan la voz en contra de las subrogancias de fiscales fueron designados durante la década de 1990, a dedo, sin examen de oposición ni antecedentes, y simplemente por tener algún contacto en el Ministerio de Justicia o con el poder político y económico de aquella época” afirmó.

El fiscal de instrucción Horacio Azzolin también reconoció un motivo subyacente a estos dichos. “El problema es que no pueden salir a decir que les molesta el sistema acusatorio porque hay un consenso generalizado de que es el mejor sistema procesal, reconocido por la Corte Suprema. Con el código nuevo, un fiscal no va a poder archivar una causa que involucre a un funcionario público sino que habrá otro fiscal que lo revise, ya no es una decisión unipersonal, entonces también es mejor para las causas sobre corrupción”. “Como no pueden decirlo, ponen palos en la rueda para que no se implemente y lo hacen generando un clima político adverso, atacando a la persona que lo tiene que llevar adelante, presentando denuncias y haciendo que salgan en los diarios. “Y todo eso se hace con el ropaje jurídico de la independencia” dijo a Página 12.

Para Guillermo Friele, fiscal general especialista en delitos de lesa humanidad: “El nuevo Código Procesal Penal, el principio del sistema acusatorio puro, determina que los fiscales estemos mucho más expuestos, más activos, se van a dar un sinnúmero de situaciones que hoy no pasan. Ahora van a tener que dar la cara, demostrar por qué investigan a fulano, qué pruebas tienen, si son suficientes para pasar a la etapa de juicio, entre otras cosas que muchos fiscales no tienen ganas de hacer porque ya están acostumbrados a un sistema, cómodos en sus despachos.”

Viejos y nuevos parádigmas de Justicia

Las denuncias, comunicados y contracomunicados son distintas expresiones de una latente disputa por definir el modelo de justicia a seguir. Es una discusión reciente y primeriza para nuestra democracia, cuyo inicio se plasmó en la solicitada firmada en diciembre del 2013 por varios magistrados que luego convergieron en Justicia Legítima. Los cambios que hoy sacuden la institución más tradicional del Estado pueden ser leídos a la luz de lo que el científico Thomas Kuhn denominó “cambios de paradigma”. De acuerdo con Kuhn, la historia de la ciencia se encuentra marcada por largos periodos de estabilidad que se ven interrumpidos por cambios bruscos de una teoría a otra. Estas bruscas interrupciones son "revoluciones científicas" que tienen lugar cuando la teoría antigua se muestra cada vez más incapaz de resolver las anomalías, o en este caso, las demandas sociales que se le presentan.

La revolución ocurre cuando se presenta una nueva forma de ver las cosas, que crea nuevos métodos y encuentra nuevas problemáticas a las cuales dedicarse. Como contracara, los periodos de estabilidad se caracterizan por sus marcadas tendencias conservadoras y su tenacidad, que se manifiesta principalmente en una feroz resistencia a cualquier manifestación externa y contraria al paradigma dominante. El cambio de un paradigma por otro, se trata de un largo proceso durante el cual las tendencias rivales conviven y se miden entre sí.

El conflicto suscitado a raíz de los nombramientos realizados por la Procuración General de la Nación, no son, en definitiva, más que otra manifestación de este proceso de cambio donde aún se disputan dos modelos diferentes de justicia. En este marco, la implementación del nuevo Código Procesal de la Nación podría ser la llave más importante para dar ese salto. El verdadero temor de los operadores de la justicia radica en que un sistema regido por la oralidad, agilidad, transparencia  y participación ciudadana, podría enterrar para siempre el viejo régimen caracterizado por las decisiones a puertas cerradas, la dedocracia, el nepotismo y sobretodo, la impunidad para los amigos del poder.