21-01-2015

Formalismos de la antijusticia

La Corte Suprema admitió un recurso que había sido declarado extemporáneo por la justicia cordobesa al computarse como día hábil el feriado del 27 de octubre del 2010, decretado en ocasión del censo nacional. Haciendo suyos los argumentos de la Procuración General, los jueces reabrieron la causa contra cuatro policías acusados de torturar y asesinar a un joven detenido.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la decisión del máximo tribunal de Córdoba que había declarado extemporáneo el recurso interpuesto por la querellante María Aurelia Díaz contra los autores del homicidio de su hijo. La mujer se presentó para apelar la sentencia que había sobreseído a los policías acusados de tortura y homicidio, pero los jueces rechazaron su recurso. Ellos dijeron que había sido presentado un día después de finalizado el plazo para apelar. A ella, las fechas no le cerraban. Según sus cálculos, el recurso había sido presentado dentro del último día hábil.

Ellos dijeron que había sido presentado un día después de finalizado el plazo para apelar. A ella, las fechas no le cerraban.
Imprevistamente, los jueces habían computado como día hábil el feriado del 27 de octubre del 2010, decretado en ocasión del censo nacional.

Los jueces y el fiscal interviniente consideraron que el feriado del 27 de octubre, decretado en 2010 en ocasión de la realización del censo nacional de población y vivienda, se computaba como un día laborable. A pesar de que la misma página oficial del poder judicial provincial declaraba ese día inhábil –circunstancia que fue probada en el expediente- los magistrados coincidieron en que la actora había perdido todo derecho a pedir la revisión de la sentencia.

Discusiones sobre si un recurso es presentado a tiempo o no, no suelen llegar a la máxima instancia, pero en este caso la Procuradora General advirtió que lo resuelto implicaba un excesivo rigor formal en detrimento de las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva.

“Los fundamentos del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba para rechazar el recurso intentado exhiben un injustificado ritualismo derivado de una interpretación restrictiva y errónea de las normas de forma”, señaló el dictamen de la Procuradora General al cual se remitió luego la Corte Suprema [ver dictamen].

La jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, entendió que la jornada en cuestión no resultaba computable. Para decidir así, tuvo en cuenta que la justicia cordobesa había hecho una interpretación acotada de una norma procesal que establece que “los términos son continuos y en ellos se computan los días feriados, salvo el receso de los tribunales que disponga la ley”. Una lectura más sensible de los hechos, permite en cambio determinar que el feriado del 27 de octubre -declarado tal mediante el decreto 67/2010- resulta equiparable a la excepción prevista por la norma. "No fue un feriado conmemorativo ni religioso, sino que, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se declaró como tal con el fin de que las personas puedan permanecer en sus casas y recibir al censista", apuntó Gils Carbó.

De esta forma, los jueces Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt, dejaron sin efecto la sentencia que dejaba firme el sobreseimiento de los policías Mauricio Carranza, Carlos Ledesma, Julio Pereyra y Eduardo Agustín Torres por el homicidio de Pablo Ariel Fernández, un joven de 23 años detenido en la comisaría de Despeñaderos, Córdoba [ver fallo].

Los efectivos fueron acusados de torturar al joven en una celda hasta matarlo, y después intentar fingir su suicidio. La noche del 24 de noviembre de 2001, él fue detenido en un boliche por entablar una pelea con el hijo de un policía. La disputa, era por una mujer.  Ambos fueron llevados a la comisaría pero el familiar del policía fue liberado rápidamente, mientras que Pablo tuvo que pasar la noche allí.  A la mañana siguiente, dijeron que lo habían encontrado colgado de los barrotes con su propia camisa.

El médico forense que lo revisó primero confirmó la versión oficial de muerte por ahorcamiento, pero su familia desconfió de la versión policial y llevó el caso a la justicia. Las tres pericias siguientes confirmaron la existencia de signos de tortura e indicios de que la muerte había sido producto de un estrangulamiento. La justicia sin embargo insistió en que las lesiones eran producto de la pelea a la salida de la discoteca y dejó en libertad a los cuatro policías. Ahora, la familia tendrá una oportunidad más para revisar la versión oficial.